el DAGMA lanza plan de choque para cuidar el medio ambiente en la zona rural de cali

La entidad plantea alternativas para campesinos de la vereda Peñas Blancas en el corregimiento de Pichindé, que extraen de manera ilegal madera y recursos naturales de la cuenca del río Cali.
Los habitantes de la zona rural de la ciudad, están explotando el ecosistema de este sector de la capital y al hacer esto "Se pone en riesgo la producción de agua a largo plazo; allá hay un tesoro que tiene Cali como lo es el Parque Natural Los Farallones, y nosotros como entidades de protección tenemos que buscarle salidas a la protección de los recursos naturales; finalmente nuestro compromiso es velar para que ese recurso se preserve en el tiempo", aseguró el director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), Alejandro de Lima Bohmer, quien se reunió con voceros de la comunidad en la caseta comunal del corregimiento de Pichindé.
La problemática se concentra en la vereda de Peñas Blancas, donde la población está talando árboles y comercializando la tierra, por no tener alternativas de trabajo organizado. Estas acciones, según explica de Lima, podrían extinguir el río.
Luego de la reunión llevada a cabo entre el Dagma, voceros de la CVC, Parque Nacional Los Farallones, la Policía y la comunidad, los habitantes del sector se comprometieron a presentar propuestas para resolver el problema, al mismo tiempo que el Dagma estudiará la oportunidad de ofrecer vinculaciones laborales a la población como medio de sustento que evite la extracción de recursos naturales del terreno.
'Por el momento puedo estudiar la posibilidad de ofrecer empleo a quienes son cabeza de familia de estos 50 hogares, que son los que vienen adelantado estas prácticas en Peñas Blancas; en la medida que vamos avanzando, estaremos trabajando el tema de los servicios ambientales con lo que estaría garantizando la permanencia de los campesinos en la zona', comentó el director de la entidad administrativa.
Todas las medidas a tomar serán discutidas el próximo viernes 7 de noviembre a las 8:00 a.m. en la Escuela de los Carpatos de la vereda Peñas Blancas, que contará con la presencia de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, el Concejo de Santiago de Cali, la CVC y la Unidad de Parques Nacionales.
'Tenemos que buscar un mecanismo que permita una salida rápida a esta situación para que estas familias tengan un empleo digno y en el largo plazo trabajar en temas en la construcción de fenómenos como el ecoturismo y servicios ambientales como los guardabosques, figura que ha trabajado el gobierno nacional', concluyó el funcionario.
Igualmente, el Dagma hace un llamado a los vallecaucanos para que denuncien a quienes ponen en riesgo la naturaleza y el medio ambiente

DAS no realizara mas interseptaciones telefonicas, anuncia uribe

En lo que constituyó el primer pronunciamiento del Gobierno Nacional, frente al escándalo de las ‘chuzadas’ telefónicas que el DAS venía adelantando contra dirigentes políticos, periodistas y hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, anunció medidas radicales. Desde ahora “cualquier interceptación, previa orden judicial, serán competencia exclusiva de la Policía Nacional”. La determinación, que hace parte del paquete de reformas al que será sometido el organismo de inteligencia, pretende “conducir a que haya total transparencia y eficacia”, explicó el Jefe de Estado. Esta medida fue adoptada en la noche del miércoles, en consenso con todas las fuerzas militares y de orden público. “Anoche (miércoles) se tomó la decisión. A partir de hoy el DAS no ejercerá directamente la competencia para hacer interceptaciones con orden judicial, bien sea a través de sus equipos fijos o móviles (…) en cualquier caso, cuando en adelante se necesite una interceptación, además de la orden judicial, tendrá que hacerlo con la Policía Nacional y excepcionalmente con otra de las instituciones de nuestras fuerzas armadas” , dijo Uribe en un corto pronunciamiento desde el Salón de Conferencias en la Casa de Nariño. Con el objetivo de evitar traumatismos en los procesos de interceptaciones en curso, el Primer Mandatario expresó que el director del organismo de inteligencia, Felipe Muñoz, debe coordinar con el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, para ajustarlos al nuevo procedimiento. Uribe aseguró que el DAS no se acabará, pero aclaró que sí será objeto de amplias modificaciones. “Entramos en un nuevo periodo de reformas y esta hace parte de esas medidas. Seguiremos en ese camino” , dijo el Presidente. “Errores en la Policía están superados” Frente a la duda que podría generar los escándalos de los que fue sujeta la Policía Nacional hace un tiempo, también por el tema de grabaciones ilegales, el Jefe de Estado aseguró que la institución “ha venido haciendo todos los esfuerzos para corregir el problema que en ese momento se detectó”. En mayo de 2008, varios miembros de la Policía Nacional se vieron involucrados en un presunto caso de ‘chuzadas’ telefónicas a periodistas de varios medios de comunicación. Aquel escándalo provocó un remezón al interior de la institución.

"chuzadas": el DAS y la prensa

El reciente escándalo del DAS vuelve a poner sobre el tapete el tema de las interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas y su divulgación. La reestructuración a fondo del DAS o su reemplazo por otra entidad ya no aguanta más aplazamientos. La opinión está harta de escándalos, abusos y corruptelas. Pero también es hora de discutir el tema de la divulgación pública de las interceptaciones ilegales, que son prohibidas en muchos países democráticos.
En primer lugar, no se entiende por qué no ha entrado aún en vigencia la Ley de Inteligencia aprobada por el Congreso el año pasado, la cual fortalece los controles y aumenta sustancialmente las penas a los funcionarios que realicen filtraciones de información, entre otras medidas. Y tampoco se comprende que sigan engavetadas las recomendaciones de la Comisión para la reforma del DAS.Desde hace años muchos hemos insistido en que el DAS está totalmente desnaturalizado y sobredimensionado. ¿Alguien se imagina a la CIA haciendo control de pasaportes en los aeropuertos, expidiendo certificados judiciales o escoltando sindicalistas? El DAS debe achicarse y concentrarse en lo que le toca: hacer inteligencia. De manera legal, claro. Pero la enorme dispersión de funciones y su gigantismo han contribuido a su absoluto descontrol. Lo hemos dicho decenas de veces, pero nadie le pone el cascabel al gato. Por lo pronto, retirar las interceptaciones del DAS es una buena medida, si es temporal y mientras se adelantan las investigaciones y se castiga a los responsables de las grabaciones ilícitas. Pero esa sana medida de emergencia no reemplaza las necesarias reformas de fondo. Esta falta de control ha propiciado un amplio y activo mercado de interceptaciones ilegales, que en los últimos meses pueden haber llegado a un millón. Paras, guerrilleros, narcotraficantes, crimen organizado, gente descarriada del común, y uno que otro funcionario con exceso de celo, han alimentado esos actos ilegales. Periodistas, empresarios, políticos, jueces y altos funcionarios públicos han sido sus víctimas. La impunidad que cobija a los agentes que hacen las interceptaciones sostiene el delito. Pero los medios de comunicación que, de buena fe y con la mejor voluntad democrática, divulgan algunas de esas interceptaciones, agravan el problema. Por tanto, los controles deben fortalecerse, la impunidad debe acabarse y la divulgación debe regularse.Y debe regularse porque la libertad de prensa, al igual que cualquier otra libertad en una democracia, no puede ser absoluta. Tiene un límite en los derechos de otros, sea a su intimidad o a la seguridad colectiva. Además, debe regularse también por razones de política criminal: en primer lugar, porque esa divulgación puede poner en riesgo las investigaciones de las autoridades, y, en segundo lugar, porque fomenta la extorsión (si no me pagas, lo hago público). Y la extorsión incentiva el mercado, cerrando así un círculo vicioso.No estamos proponiendo ninguna medida autoritaria.Según el profesor Eugenio Zaffaroni, de la Universidad de Buenos Aires, muchas democracias modernas prohíben en sus códigos la divulgación de interceptaciones legales e ilegales, entre otros: el español de 1995 (Artículo 197), el alemán de 1975 (párrafo 201), el austríaco de 1974 (párrafo 120), el francés de 1994 ( Artículo 226-15), el portugués de 1982 ( Artículo 192). Y nadie podría decir que en esos países no existe libertad de prensa. Hay antecedentes aun más remotos: el código argentino de 1921, el holandés de 1880, y el italiano de 1889 penalizaban la divulgación de correspondencia violada. Y otros más recientes: hace tan sólo cinco meses el gobierno del presidente Lula en Brasil -a quien nadie puede acusar de autoritario-, presentó al Congreso un proyecto de ley que castiga la divulgación de interceptaciones legales o ilegales, sin autorización de un juez. No obstante, para adaptar estos antecedentes a nuestro tiempo y entorno colombiano, propongo seguir el ejemplo portugués: prohibir la divulgación de las interceptaciones, legales e ilegales, telefónicas y de correos, excepto aquellas que denuncien la comisión de actos ilícitos por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, o de terceras personas que participen en ellos. Esto permitiría, simultáneamente, proteger la intimidad de los ciudadanos, acabar con la extorsión y el mercado ilegal de interceptaciones, proteger las investigaciones de las autoridades, y al mismo tiempo preservar la acción de la prensa en procura de la transparencia y la pulcritud de la gestión pública. Discutámoslo.